Los grandes números empiezan a concretarse en 'pequeñas cifras'. Ya están trascendiendo las primeras estimaciones sobre el impacto de la Política Agraria Común (PAC) en los términos planteados por el comisario Dacian Ciolos -el Franz Fischler de 2011-. Según los cálculos realizados por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), el borrador de la Comisión, tal cual, supondría reducir en 215 millones de euros los 430 millones que reciben anualmente los 110.000 olivareros de Jaén, un duro varapalo si tenemos en cuenta que uno de cada tres euros que componen la renta de los agricultores se obtiene por la vía de las ayudas.
Afortunadamente sólo estamos ante una propuesta. Ahora comienza un proceso de negociación de la reforma de la PAC que durará más de un año. Rechazo sin ambages desde España. Tanto es así que la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ya ha anunciado que presentará una «enmienda a la totalidad» en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea programado para el próximo 20 de octubre. Y es que España, con un nivel de incentivos bastante superior a la media Europea -igual que Francia y Alemania- es uno de los principales perjudicados por la PAC de tabla rasa de Ciolos, favorable en principio para los nuevos socios de la Unión Europea, que ya cobran en función de una tasa lineal por hectárea y no por derechos históricos, como es el caso de España. Las alianzas son, por tanto, fundamentales para modificar este texto inicial de la PAC.
La indignación entre las organizaciones agrarias es mayúscula. El secretario de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, ha manifestado que la denominada 'tasa plana' es claramente lesiva para la agricultura realmente productiva. «No tiene ningún sentido que se prime por igual una hectárea de erial que una de olivar», señala Rodríguez, quien ha denunciado el incremento abismal de la superficie incentivable desde 2002 hasta la fecha. «Se ha hablado mucho sobre las pretensiones de la Comisión y han sido muchos los que se han apresurado en declarar hectáreas subvencionables», indica Rodríguez. En Andalucía, por ejemplo, había 3.647.000 hectáreas en 2002 y ahora estamos en 6.464.000. Cerca del doble.
